Abuso de autoridad, usurpación de funciones públicas, pena anticipada, prejuicio, detención y confiscación ilegales, son algunos de los supuestos que cae el ignorante titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, al amenazar a los prestadores de servicios que los meterá a la cárcel por trabajar en Uber.Aquiles se le olvida, o se hace el Tío Lolo, que la Constitución de México prevé en su Artículo 5o, que: "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial..."El Secretario del Transporte invade las atribuciones de las autoridades judiciales y de procuración de justicia, al asegurar que meterá a prisión por siete años a quienes ofrezcan servicios de #UBER, sin invocar algún delito establecido en el Código Penal, o por algún mandamiento judicial, él solito, y casi casi Legislando en la materia, asegura tener esa potestad.Sin embargo violenta Derechos Humanos, comete delitos atribuibles a los Servidores Públicos y usurpa funciones con tal de defender a la gallina de los huevos de oro que representa la corrupción en el transporte público de Chiapas.Porque para ningún trabajador del volante es extraño que se les cobre derecho, moches y favores para que sigan operando, además las millonarias utilidades en la venta de permisos NP (Números Provisionales) y TL (Tolerados) en el servicio de Taxis, que pueden llegar entre 15 mil a 60 mil pesos por unidad y que solo en Tuxtla Gutiérrez hay más de cinco mil de estos vehículos circulando con toda impunidad sin tener una concesión, esto sin contar los números clonados.Esa es la verdadera preocupación de Aquiles Espinosa, que el dinero sucio del transporte ya no lo podrá controlar.
